El Gobierno vincula el paro a “un boicot alentado desde la ultraderecha”, e Interior despliega a casi 24.000 efectivos para controlar a los piquetes
Varias factorías de las industrias siderúrgica y láctea han parado su producción este jueves como consecuencia de la huelga de transportistas convocada por la Plataforma para la Defensa del Transporte, que también afecta al suministro de productos frescos en los grandes mercados mayoristas y las lonjas de pescado. La sicosis por un posible desabastecimiento ha provocado compras masivas de los consumidores de artículos como la leche y el aceite, vaciando las estanterías de algunos supermercados. El Ministerio del Interior ha reforzado la actuación contra los piquetes informativos que secundan la huelga indefinida que cumple este jueves su cuarto día, y ha desplegado a casi 24.000 efectivos y organizado convoyes de camiones custodiados por la Guardia Civil para garantizar el transporte. El Gobierno ha negado que la huelga se deba al incremento del precio de los carburantes, como sostienen sus convocantes, a los que acusa de provocar “un boicot alentado desde el odio y las posiciones de extrema derecha”, en palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha insistido que el Gobierno actuará con “contundencia” para evitar incidentes en las carreteras durante el paro de transportistas, pero también en la adopción de medidas “urgentes y necesarias”, pero ha advertido de que no se reunirá con los convocantes de la huelga, porque el único interlocutor válido del sector es el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que agrupa a la mayor parte de las asociaciones de transportistas, pero en el que no está representada la Plataforma que convoca la huelga. La ministra hizo estas declaraciones en el Congreso de los Diputados cuyo pleno aprobó este jueves la convalidación del Real Decreto Ley con las medidas extraordinarias para la mejora de las condiciones del transporte de mercancías que fue pactado en diciembre con la CNTC, la gran patronal del transporte, que no apoya el actual paro. “No vamos a legitimar las actuaciones violentas de un grupo de ultras que está intentando someter a este país a un chantaje y sustituyendo la palabra por los palos y las piedras”, aseguró Sánchez ya por la tarde, tras reunirse con representantes de la CNTC y de varios sindicatos.
Seguía de esta manera la consigna lanzada esta mañana por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, que considera que el paro convocado por “una parte minoritaria” es “una reacción que parece orientada por posicionamientos de la ultraderecha”. “Hay que manifestarse claramente y rechazar esa actitud violenta de una minoría que quiere empañarlo como si fuera un acto del ejercicio del derecho de huelga, cuando es un boicot en toda regla y está alentado por posicionamientos de odio que en nada favorecen al diálogo, la convivencia y a afrontar con fortaleza un momento de tanta dificultad” como el actual”, ha señalado Rodríguez tras el encuentro con el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, en la sede del partido en Sevilla.
El presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, a través de un vídeo colgado en Facebook ha negado cualquier vinculación política del movimiento de protesta y ha acusado al Gobierno de “desacreditar con la manipulación y colgando etiquetas ideológicas” al sector de base dentro del transporte, que es “el que realmente lleva, mueve y trae las mercancías”.
Con los representantes de la Plataforma de Transportes fuera de las negociaciones y demonizados como “violentos” de “ultraderecha”, el Ejecutivo ha decidido tratar el paro como un asunto de orden público. El Ministerio del Interior ha dado instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desplegarse por todos los puntos de la red vial donde se producen incidentes por el paro de un sector de los transportistas para proceder a identificar a aquellos piquetes que provoquen incidentes por su participación en hechos ilícitos ocurridos en plataformas logísticas de bienes de primera necesidad, según fuentes de Interior. En total, forman parte del dispositivo, 23.598 efectivos, de los que 16.746 son guardias civiles y 7.122 agentes de Policía.
La orden emana del centro de coordinación (CECOR) creado en el Ministerio desde ayer, y que se reúne tres veces al día, con la participación de mandos policiales de todos los cuerpos, incluyendo a policías autonómicas. La Secretaría de Estado de Seguridad ha ordenado a todas las delegaciones del Gobierno que refuercen los dispositivos policiales para “organizar y asegurar convoyes de transportistas de bienes de primera necesidad”, según especifican las citadas fuentes.